Los implicados directos en el caso Figueroa Agosto correrían la misma suerte de los que han sido asesinados, para que no revelen datos sobre el expediente, advirtió este jueves el asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico.
Marino Vinicio Castillo no ve prudente poner en libertad a una persona que estaba implicada en el momento mismo, variándole las medidas de coerción, a propósito de la puesta en libertad de Sammy Dauhajre, en cuyo caso consideró que el fiscal actúo de manera correcta cuando dijo que eso es muy peligroso.
En ese sentido, Castillo consideró que todo el que tenga una relación directa con el caso debe recibir un cuidado especial para evitar que no atenten contra su vida.
El jurista insistió en la peligrosidad de la puesta en libertad de Dauhajre, porque se han producido asesinatos en series, y en un expediente que tiene cinco asesinatos, soltar a una persona que esta implicada en el mismo no es prudente variarle la medida de coerción.
En consecuencia, Castillo sugirió a los jueces que antes de emitir una sentencia de libertad de los vinculados en casos como el de Figueroa Agosto, dispongan primero una protección especial para que se preserve la integración física de esos imputados.
Enfatizó en que todo el que esté cerca del caso Figueroa Agosto corre peligro, y opinó que si las autoridades de Puerto Rico entienden que hubo protección a Toño Leña, que indiquen quiénes son, y si tienen los expedientes que lo trabajen.
Consideró que esa denuncia no ha llegado de manera directa de parte de las autoridades de Puerto Rico, ya que para nadie es un secreto que la amplitud y el tiempo que tenia operando la red de Figueroa Agosto le permitió granjearse la protección de sectores de poder.
Explicó que luego que se encontrara dinamita a los sicarios de Figueroa Agosto es que el narcotraficante se le parece a Pablo Escobar.
La Fiscalía del Distrito Nacional puso en libertad a Dauhajre tras varios intentos de desacato de dos órdenes de libertad.
El pasado 16 de junio el imputado fue favorecido por la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la magistrado Miriam Germán, con una orden de libertad y una garantía económica de cinco millones de pesos, pero no fue acatada.
Ante la negativa de la Fiscalía, el imputado acudió ante el juez de la garantía, José Alejandro Vargas, quien también dispuso su libertad, la cual fue acatada por el fiscal Alejandro Moscoso Segarra.
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